Por Andrés Campuzano
@andrescampuzano
“El diálogo fue de frente y sin rodeos”, así destacó la reunión a la que asistió por invitación del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, ocurrida en la Ciudad de México a la que asistieron autoridades federales y padre de los estudiantes normalistas desaparecidos en el 2014 en la ciudad de Iguala en Guerrero.
El encuentro se da luego de 5 años de la tragedia y por la que tuvo que solicitar licencia a la gubernatura Ángel Aguirre. El también ex senador por Guerrero aseguró: “este tipo de ejercicios, estoy convencido, contribuirán a conocer qué fue lo que realmente ocurrió en esas horas infaustas. Guerrero vivió situaciones aciagas a raíz de estos hechos”.
La magnitud de lo acontecido aquella noche, el ataque a los estudiantes y al camión en el que se trasladaban jugadores del equipo de futbol los Avispones, generó muchas dudas y la falta de información oportuna y oficial de la administración estatal acrecentó las sospechas de la poca o nula respuesta del gobierno local “…en esos momentos, hicimos lo que correspondía: en las horas posteriores y en cuanto tuvimos conocimiento de los estudiantes que escaparon a la agresión, establecimos un operativo de búsqueda y rescate a partir de las tres de la mañana del 26 de septiembre, que concluyó aproximadamente a las seis de la mañana”.
Sin tapujos dio a conocer que esa noche la policía municipal cazaba a los estudiantes “esto es algo que pocos tienen presente, pero logramos localizar a 68 jóvenes normalistas que pudieron correr la misma suerte de sus compañeros desaparecidos, ya que la policía municipal, en especial el grupo denominado Los Bélicos, los estaban cazando.
5 años después, Aguirre Rivero informó a los padres de los normalistas desaparecidos – sin aires de vanagloria- que sí actuó su gobierno para rescatar a los jóvenes, lo que resalta la mala comunicación de su administración “De no asistirlos como se hizo, la cifra hubiera sido de 111 estudiantes desaparecidos. De esto hay testigos en la propia población y consta en los expedientes de la investigación. Además, al tomar conocimiento de la participación de los elementos de la policía municipal en el ataque, el procurador Iñaki Blanco tomó la decisión de concentrar y desarmar a 300 elementos”.
Y Aguirre Rivero prosiguió: “Luego de que se tomó sus declaraciones ministeriales, se consignó a 33 policías, que se encuentran recluidos, y el alto comisionado de la ONU en México reconoce que en esos casos no hubo tortura de por medio. Los días posteriores a los hechos, la búsqueda y el rescate se siguió al menos hasta el 23 de octubre, fecha en que me separé del cargo de gobernador”,
El ex gobernador por dos (¿3?) ocasiones – interino, constitucional y…- revela que de esas acciones y otras mantuvo informado al gobierno federal, pese a que ellos, dice, decidieron que eras hechos locales. Pidió que está nueva etapa de investigación es importante que sean convocados los que tenían alguna responsabilidad pública durante los días previos y posteriores, incluso, los que estuvieron al frente de las investigaciones en el gobierno federal.
Al concluir su texto publicado en la red social Facebook, Aguirre Rivero se jactó “El que nada debe, nada teme. La verdad y la justicia no pueden ser moneda de cambio para complacer a un grupo.”
Antes, no se mordió la lengua al hacer varias preguntas:
― “¿Por qué Luis Videgaray, Aurelio Nuño y Miguel Ángel Osorio Chong recomendaron al presidente Enrique Peña Nieto que no interviniera en las siguientes horas y días de los acontecimientos bajo el argumento de que se trataba de un asunto local, lo que derivó en que Peña Nieto nunca escuchara mi versión?
¿Qué información dispone quien era el comandante del Batallón de Iguala, lo mismo que el de la Zona Militar regional?
¿qué seguimiento se dio a los sucesos por parte del CISEN a cargo de Eugenio Imaz?
¿Qué actividades realizó el destacamento de la Policía Federal en esta ciudad, en auxilio de los jóvenes desaparecidos?
¿Hasta cuándo se descubrirá el velo que cubre a ese personaje conocido como El Patrón, quien, según el informe de la CNDH, es clave para entender lo sucedido esa noche?
¿Por qué hasta la fecha la Segob se negó a proporcionar copias de las minutas que se levantaron en las diversas reuniones del Grupo de Coordinación Guerrero donde se exponían los problemas de esa ciudad?
Si se conocen, se habrán de dilucidar muchos temas.
¿Qué relación guardaba el entonces director de la escuela normal de Ayotzinapa con posibles grupos delictivos infiltrados en el plantel, según revela la CNDH?
¿Se trasladó un grupo de normalistas a Huitzuco y Mezcala?
¿Por qué el PRD llevó como su candidato a José Luis Abarca, cuando eran del dominio público sus posibles vínculos con la delincuencia organizada?
¿Y quiénes promovieron esta candidatura?”
Y Ángel Aguirre confirmó: ― “Comprendo muy bien el dolor y coraje que embarga a los padres, al no conocer el paradero de sus hijos”.
Sin embargo, varias preguntas faltaron, ¿sabía Ángel Aguirre que Iguala era un feudo? ¿Sabía que en Guerrero también había un vicegobernador de facto? ¿Era en ese tiempo el gobernador la persona mejor informada? ¿Por qué llevaron a los jóvenes a Iguala?
¡¿POR QUÉ?!
Todas esas preguntas son clave para conocer el destino de esos jóvenes.
Iguala, 5 años han transcurrido tras el ataque, asesinato y desaparición de personas. Foto: Disponible en internet.
