· ¿Y quién lo permite?
· La historia sin fin de excesos y pedir dinero
Desde hace tres décadas, los alumnos de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” salían de su internado en Ayotzinapa para acudir a marchas por la capital, donde en grafiti exponían su ira y con faltas de ortografía exponían su odio “al mal gobierno” y vivas al Ché Guevara y Lucio Cabañas en fachadas de edificios públicos, locales comerciales, casas particulares y plazas públicas.
En 30 años nada cambió. La instrucción académica-docente de corte comunista-maoista, con efigies de Lucio y Genaro, guerrilleros de Atoyac y San Luis Acatlán, sigue siendo la base filosófica de cientos de egresados de esa escuela.
Al cumplirse casi 5 años de la peor tragedia que ha vivido el país, precisamente porque 120 estudiantes de primer grado fueron sacados de su internado y llevados a Iguala a “botear” en la caseta de la autopista, “tomar” autobuses para la marcha del 2 de octubre y hasta interceptar un camión de pasajeros “cargado” con droga –que se estima fue el detonante para que “Guerreros Unidos” activara a sus células criminales en la intercepción, persecución, captura y exterminio de estudiantes el 26 y 27 de septiembre del 2014—, y que solo una persona al parecer ya sabía, conocía y ordenaba a los normalistas posesionarse de esa unidad.
Eso que lo diluciden las autoridades, pero en 5 años prevalecen los mismos patrones de conducta de los estudiantes de Ayotzinapa: siguen tomando casetas, cobrando “cooperación”, secuestrando autobuses. En todos los cinco años, la consigna “Vivos se los llevaron/Vivos los queremos”, fue lo que la CETEG utilizó para incendiar el Palacio de Gobierno, los edificios del PRI, PAN, PRD, la Contraloría de la SEG, del SNTE, la Fiscalía General del Estado, la “Casa Blanca” de la SEG, donde hasta el momento no hay ni un solo detenido, ni sujeto a proceso penal.
La toma de casetas se convirtió en “deporte estatal”: todos los grupos antisistémicos iban a pegarle a la piñata de CAPUFE. Este organismo estima que en 2018 dejó de ingresar más de 850 millones de pesos, por el robo de esos grupos a los ingresos por concepto de peaje. Este 2019 casi llegan a los 900 millones de pesos en dinero que no reporta CAPUFE a la SHCP.
Los días de Ayotzinapa dieron vida a una CETEG “solidaria” con una lucha que los convirtió en “lucradores sociales” y en una especie denigrante de obtener recursos, canonjías, plazas y negociar con y por la desaparición de Los 43, un filón de oro bastante atractivo en millones de pesos.
La lucha social se popularizó en negocio, ante propios y extraños. Es una historia sin fin de excesos, abusos, extorsiones, chantajes, ilícitos, que derivaron en impunidad absoluta. Jamás una lucha ha sido capitalizada como un negocio, como la de Ayotzinapa, ante la permisibilidad y complicidad de organismos defensores de derechos humanos que han sido omisos, ciegos y cómplices de la barbarie, todo en nombre de Los 43.
Así llegamos al primer lustro de la tragedia… de la salvajada ocurrida en Iguala. Y como antaño, siguen los normalistas abrazando con fe una bandera política de lucha que necesitaban como medio de subsistencia o como un modus operandi de grupos anarquistas, que usaron a los jóvenes como carne de cañón.
La Comisión de la Verdad y los expertos de todo el mundo soslayaron este pasado de tres décadas de un protagonismo violento, radical, extremista y delictivo, bajo el eufemismo de “lucha social”.
Para algunos avezados en el tema, lo ocurrido en Iguala, como en la Autopista del Sol, un par de años antes, era parte de un “complot” para hundir en la inestabilidad e ingobernabilidad a Guerrero y crear un estado fallido. La torpeza y desdén de los aparatos de Seguridad Nacional no detectaron a tiempo, ni alertaron los alcances del movimiento.
Tampoco los gobiernos federal y estatal leyeron los mensajes y se fueron por lo más fácil: “quieren maíz esos pollos”…
Los de Ayotzinapa tienen permiso para todo. Son intocables… como desde hace 30 años.
