Para incluir entre los motivos de discriminación el uso de tatuajes, piercings y/o cualquier tipo de modificación corporal visible, permanente o transitoria, así como el solicitar requisitos no indispensables para obtener un empleo, el diputado Alberto Catalán Bastida propuso reformar la Ley Para Prevenir, Combatir y Eliminar la Discriminación en el Estado de Guerrero.
En la propuesta que se turnó para su análisis a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Justicia, el legislador del PRD fundamenta que la discriminación es un fenómeno social que vulnera la dignidad, los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas.
Dijo que, aunque la comunidad internacional ha demostrado especial interés en garantizar el derecho a la igualdad y a la no discriminación en distintos tratados internacionales, la discriminación por apariencia es uno de los puntos detectados en las encuestas nacionales sobre la Discriminación en México, cuya mayor incidencia se registró en zonas metropolitanas como la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.
Mencionó el caso de la menor Danna Míriam, quien fue asesinada de forma siniestra en el estado de Baja California, y donde el fiscal general de la entidad señaló que “la niña traía tatuajes por todos lados”, como si traer un tatuaje fuera un delito.
“No es posible que en pleno 2020, un fiscal cuyos deberes son el investigar los delitos, esclarecer los hechos y otorgar una procuración de justicia eficaz, efectiva, apegada a derecho, que contribuya a combatir la inseguridad y prevenir el delito, trate de justificar su ineficacia ante un feminicidio de una adolescente de 16 años, cometiendo un acto de discriminación, justificando a los agresores y culpando a la víctima”, reprochó.
Dijo que historias como ésta se dan frecuentemente, además de otras donde jóvenes y adultos son rechazados al momento de postularse para un empleo, por su apariencia física, lo que no sólo afecta directamente a ellos, sino también a sus familiares, a quienes estigmatizan e incluso les niegan o retrasan el acceso a la justicia.
Iniciativas
A la Comisión de Justicia se turnó una iniciativa enviada por el Ejecutivo estatal para reformar y derogar diversas disposiciones de la Ley del Notariado del Estado de Guerrero, con el objeto de ejercer un mejor control en los actos y hechos que realizan los fedatarios públicos en relación a instrumentos que correspondan a un distrito notarial diverso al designado en su patente, y para desaparecer la figura de actuación de los Jueces de Primera Instancia como notarios públicos por Ministerio de Ley.
Por su parte, la diputada Leticia Mosso Hernández (PT) propuso reformas al Código Civil del Estado para establecer el derecho de todas las personas con discapacidad en edad de contraer matrimonio, a casarse y fundar una familia sobre la base del consentimiento libre y pleno de los futuros cónyuges, cuando su discapacidad les permita tener plena conciencia del acto que desean realizar o por conducto de sus representantes legales. La propuesta se turnó a la Comisión de Justicia para su análisis y dictamen correspondiente.
En su oportunidad, la diputada Erika Valencia Cardona (Morena) propuso una iniciativa de reforma a la Ley que Establece las Bases para el Régimen de Permisos, Licencias y Concesiones para la Prestación de Servicios Públicos y la Explotación y Aprovechamiento de Bienes de Dominio del Estado y Ayuntamientos, para que las empresas de servicios de arrastre con grúa y corralón apliquen tarifas iguales a las que imponen el estado y los ayuntamientos. Esta iniciativa se turnó a la Comisión de Hacienda.
Asimismo, el diputado de Morena Marco Antonio Cabada Arias presentó una iniciativa de reforma al Código Procesal Civil del Estado para que, con el fin de evitar un estado de indefensión o impedimento al acceso efectivo a la justicia de alguna de las partes, no se pierda el derecho para designar perito si se manifiesta y acredita que no se cuenta con recursos económicos para pagar los servicios, en cuyo supuesto hará la designación correspondiente el juez de conocimiento.
El mismo legislador presentó otra iniciativa de adición a la Ley de Transporte y Vialidad de Guerrero, para que cuando haya inconsistencias o errores ortográficos en licencias de conducir, tarjetas de circulación, placas o calcomanías, se tenga el derecho a solicitar por escrito la rectificación y reexpedición gratuita del respectivo documento. Estas iniciativas se turnaron a las Comisiones de Justicia y de Transportes, respectivamente.
Mientras que el diputado Carlos Cruz López (Morena) presentó una iniciativa de adición al Código Procesal Civil para establecer que las notificaciones realizadas por edictos deberán ser publicadas de manera gratuita en el Diario Oficial del Estado, siempre y cuando sea solicitado por escrito a petición de parte, y acreditando la imposibilidad de cubrir los costos que se generan por la publicación de los mismos. Turnada a la Comisión de Justicia para su análisis y dictaminación.