• Al descubierto el “modus operandi”
Por Jorge Valdez Reycen
Era un secreto a voces. La venta de plazas magisteriales data de muchos años. Práctica tolerada, bajo el agua, fue el caldo de cultivo de una de las tácticas corruptas, descubierta en el gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo, quien los llamó “lucradores sociales” y canceló todo trato con los dirigentes de la CETEG.
Ahora es el gobernador Héctor Astudillo Flores quien expresó un basta ya a los chantajes, utilizando movilizaciones y bloqueos para obtener plazas magisteriales y luego venderlas, como un desleal, irresponsable e ilegal “modus operandi” de la violenta CETEG y su grupo de choque.
Ya era insoportable el uso de la violencia, como medida de presión, para obtener lo que durante años les dejó jugosas ganancias a los dirigentes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG). Los abusos de las movilizaciones, bloqueos de la Autopista del Sol, la toma de rehenes y el secuestro del personal administrativo de la Secretaría de Educación, con el vandalismo de edificios públicos, ya formaban parte del catálogo de ilícitos interminables, impunes.
A la prudencia del gobierno de Astudillo, la llamaron debilidad. A la apertura del diálogo, la tradujeron en miedo a su poderío. La tolerancia fue mal interpretada como pusilanimidad. Todo lo desvirtuaron. Sus exigencias eran “todo o nada”.
Pero todo tiene un límite. Y éste llegó para la CETEG.
La venta de plazas tiene dos implicados directos: el que vende y el que compra. Se trata del delito de exacción fraudulenta, tipificado en el Código de Procedimientos Penales. Y curiosamente quienes más lo han cometido son maestros que venden o compran plazas, piden dinero a cambio de mejorar claves y promociones.
La Fiscalía General del Estado ha obtenido sentencias condenatorias de autoridades jurisdiccionales, al presentar evidencias probatorias de la comisión del ilícito. Los inculpados, a quienes se les vincula a proceso penal por los jueces que conozcan del caso, podrían alcanzar libertad bajo fianza y ser obligados al resarcimiento del daño causado a la víctima.
Sin embargo, la FGE no ha llevado a los tribunales a maestros como presuntos responsables de delitos contra las vías generales de comunicación, ni daños en propiedad ajena con modalidad de vandalismo y asociación delictuosa.
Tampoco ha dado cumplimiento a decenas de mandamientos judiciales de jueces de control contra de dirigentes magisteriales de la CETEG que permanecen archivados, durmiendo el sueño de los justos. Esas órdenes de aprehensión han sido negociadas, de manera ilegal, pues no ejercitarse se configuraría el delito contra la administración de la justicia por parte de servidores públicos de la FGE.
Nótese la dimensión del caso: maestros incurren en delitos. Autoridades ministeriales simulan la persecución del delito. Jueces giran órdenes de aprehensión, mismas que no se cumplimentan y los procesos penales quedan en suspenso por años y años.
La CETEG es la serpiente que se mordió la cola. Su “modus operandi” ha quedado al descubierto. Y el gobernador Astudillo ya puso un punto final al rosario de fechorías, trapacerías y felonías cometidas en aras de “mejorar” condiciones de un sector presuntamente educativo, que, está visto, tiene otro objetivo: obtener ganancias, lucro, mediante engaño y utilizando la violencia.
Las consecuencias de estas prácticas deleznables, indignantes, ruines, deben llevar a prisión a quienes han gangrenado al sistema educativo. La investigación ministerial podría alcanzar a servidores públicos en activo en la SEG coludidos hasta las chanclas.
El manotazo del gobernador Astudillo es oportuno, valiente y una muy buena señal de que se les acabó la minita de oro a los abusivos y corruptos. Y esta operatividad, debe ser reconocida a Jaime Ramírez Solís, por su arrojo, lealtad y responsabilidad como servidor público.
