El ex director general del Colegio de Bachilleres en Guerrero, Fermín Alvarado Arroyo aseguró que hay un linchamiento político en su contra y dijo que el Contralor del Estado Eduardo Loría Casanova compartió información “sesgada, manipulada y desproporcionada” al “presentar supuestas conclusiones de la auditoría practicada al Colegio de Bachilleres por el período 2018-2019,2020 y 2021”.
“Hablar de un presunto desvío de recursos de 1,300 millones de pesos, es tan increíble, que, hubiera significado que en el Colegio de Bachilleres no se hubieran pagado los salarios y prestaciones durante 2 años, lo que nunca sucedió; recordando que del total de recursos financieros que llegan al COBACH, el 96% se destina al pago de salarios y sólo el 4% a gastos de operación”, insistió Alvarado Arroyo.
Fermín Alvarado agregó sobre la falta de pagos de impuestos y prestaciones sociales “por 813 millones de pesos, es indebido que se pretenda imputar a mi persona un pasivo, en su mayoría, heredado como parte de una deuda histórica institucional de años atrás, como los más de 200 millones del Programa de Prestaciones SEFI, que viene del 2005; los más de 200 millones de laudos laborales que iniciaron en el 2008 y la deuda con jubilados por más 50 millones de pesos, que inicia en el 2012; montos que yo no generé”.
Sobre la entrega de plazas a familiares que señaló el Contralor dijo que estás, las bases y recategorizaciones son “legales y procedentes en tanto que fueron otorgadas conforme a las Leyes del Trabajo, particularmente la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado 248, de manera bilateral con las representaciones sindicales titulares de los Contratos Colectivos y, con la aprobación anual de recursos presupuestales para su respaldo financiero, además, de recursos estatales autorizados y aportados por el Gobierno del Estado.
Pidió que no se siga “politizando un procedimiento administrativo de fiscalización del que no he sido notificado violando mi garantía de audiencia, la presunción de inocencia” y acusó que se convierta en distractor mediático y en un “linchamiento y persecución política en contra de mi persona, misma que daña mi prestigio y reputación”.
Por último, dijo que estos señalamientos ponen en riesgo “mi seguridad y la de mi familia, de las que los responsabilizo”.
