• Raro, extraño, sospechoso actuar de jueces
• Prevaricato, el delito que pudieron cometer
Por Jorge Valdez Reycen
La prevaricación, o prevaricato, es un delito que consiste en que una autoridad, juez u otro servidor público dicte una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial a sabiendas de que dicha resolución es injusta y contraria a la ley. Es comparable al incumplimiento de los deberes del servidor público.
Todo es raro, extraño y sospechoso en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. La liberación de presuntos responsables, absueltos por jueces mediante juicios de amparo que promovieron por violaciones al debido proceso y por tortura, ha dado un vuelco de escándalo en las pesquisas e indagatorias.
Iñaki Blanco Cabrera, exprocurador de Justicia de Guerrero, considera que “los jueces se están yendo por lo más fácil; esto es, alegan violaciones al debido proceso, alegan que hubo tortura, detenciones ilegales. Y como consecuencia ponen en la calle a personas que tienen vínculos con la delincuencia organizada, lo cual es grave”.
Más aún: “todos los detenidos fueron identificados como agresores de las víctimas”. Y explicó: “los informes de los expertos del GIEI, de la CNDH y el del Alto Comisionado de las Naciones Unidas no hay evidencia alguna de que personas hayan sido objeto de tratos crueles e inhumanos”.
Blanco Cabrera sostuvo en entrevistas con Ciro Gómez Leyva, en Radiofórmula, que “hubo elementos de prueba necesarios para que se hayan dictado sentencias condenatorias”, debido a que “la mayoría de los procesados dieron positivo en las pruebas forenses, entre ellas que accionaron armas de fuego.
Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación para Derechos Humanos, advirtió que se abrirá un proceso de investigación a juez que dictó sentencia absolutoria a quienes salieron libres recientemente. No dijo que dicha investigación sería por el delito de “prevaricato”, como se tipificó al inicio de la presente.
Blanco Cabrera salvó la vida a 60 estudiantes, cuando la madrugada del 27 de septiembre del 2014 se sucedían balaceras en las calles de Iguala y había una especie de cacería humana. A los normalistas sobrevivientes se les resguardó en la Fiscalía Regional de la Zona Norte de la FGE y se cumplió con lo más elemental y sensible que debe asumir un servidor público en situaciones de extremo peligro: salvar la integridad física de todas las personas.
Las liberaciones hechas de los procesados, tienen un origen: se interpusieron 4 juicios de amparo, de igual número de detenidos, alegando tortura. De ahí se desprendieron otros alegatos, pero no se corroboró en ninguna investigación que se hayan violentado el protocolo de Estambul. Esto es que sin que concluyera una investigación, en proceso, el Tribunal Colegiado de Circuito de Reynosa, Tamaulipas haya emitido una sentencia otorgando amparos. Y hasta entrometiéndose en otros asuntos al llamar “fiscal carnal” a un aspirante a la Fiscalía General.
El Tribunal descalificó la actuación del Ministerio Público federal, en el sentido de desestimar las pruebas aportadas, testimoniales y evidencias. Lo grave ahora es que se encuentran en libertad personajes que pudieron haber sido clave en comprender la verdad.
La investigación de la Comisión por la Verdad y la Justicia en el Caso Iguala de los 43 estudiantes de Ayotzinapa no tiene final. Sigue abierta, pero bajo condiciones de una desconfianza a la impartición de la justicia, una grave duda en la certeza de todo el aparato de procuración de justicia y muchas incógnitas inquietantes de cómo sucedieron los hechos.
Todo es muy raro, extraño y sospechoso.
Las pruebas para eso son, para probar delitos. Lo malo es que los jueces no estimaron dichas pruebas y se fueron por lo más fácil: los torturaron… aunque sean mentiras y ardides de la defensa.
